¿Quién paga la pensión en caso de error en hospital concertado?

La compleja realidad de los hospitales concertados y la responsabilidad por negligencias

Los hospitales concertados representan una figura jurídica particular en nuestro sistema sanitario. Se trata de centros de titularidad privada que prestan servicios públicos mediante un concierto o convenio con la Administración. Esta naturaleza híbrida genera una dualidad de responsabilidades que complica enormemente la determinación de quién debe responder económicamente cuando se produce un error médico con consecuencias graves.

Cuando alguien llega al despacho tras sufrir una negligencia médica en un hospital concertado, lo primero que observo es su desconcierto. La mayoría de pacientes desconocen que están ante un entramado legal complejo donde intervienen múltiples actores: la Administración sanitaria, la entidad privada gestora del hospital, las compañías aseguradoras y, por supuesto, la Seguridad Social.

La cuestión no es baladí: un error médico que derive en una incapacidad permanente no solo genera derecho a una indemnización por el daño causado, sino que también puede dar lugar a una pensión vitalicia por incapacidad. Y aquí es donde surge la pregunta clave: ¿quién asume esta responsabilidad económica a largo plazo?

El sistema dual de compensación: pensión e indemnización

Antes de profundizar en responsabilidades específicas, es fundamental comprender que estamos ante dos vías de compensación económica diferentes pero complementarias:

• La pensión por incapacidad permanente: prestación económica periódica que otorga la Seguridad Social cuando un trabajador queda incapacitado para desarrollar su actividad laboral.
• La indemnización por negligencia médica: compensación económica única que debe pagar el responsable del daño causado (hospital, profesional, aseguradora o Administración).

Esta distinción es crucial porque muchos afectados confunden ambos conceptos, creyendo erróneamente que al recibir una indemnización ya no tienen derecho a una pensión, o viceversa.

En mi experiencia con pacientes que han quedado incapacitados por una negligencia médica, he aprendido que aclarar esta diferencia desde el principio es fundamental para establecer expectativas realistas y diseñar una estrategia legal efectiva.

¿Quién paga la pensión por incapacidad permanente?

La respuesta directa a la pregunta principal es clara: la pensión por incapacidad permanente la paga siempre la Seguridad Social, independientemente de que la causa de dicha incapacidad sea un error médico en un hospital concertado o cualquier otra circunstancia.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo encargado de reconocer, gestionar y abonar estas prestaciones, que se clasifican en diferentes grados según la gravedad de las limitaciones:

• Incapacidad permanente parcial: disminución no inferior al 33% del rendimiento normal para la profesión habitual.
• Incapacidad permanente total: inhabilita para la profesión habitual pero permite dedicarse a otra distinta.
• Incapacidad permanente absoluta: inhabilita por completo para toda profesión u oficio.
• Gran invalidez: necesidad de asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

La cuantía de la pensión varía según el grado reconocido y la base reguladora del trabajador, calculada en función de sus cotizaciones previas. Este es un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta al valorar la situación económica futura del afectado.

La responsabilidad patrimonial de la Administración en hospitales concertados

Aquí es donde la situación se vuelve especialmente compleja. Aunque la pensión la pague la Seguridad Social, la responsabilidad por el daño causado puede recaer en diferentes entidades según las circunstancias específicas del caso.

El artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Esto incluye, por supuesto, los servicios sanitarios.

En el caso específico de los hospitales concertados, la jurisprudencia ha ido evolucionando hacia una responsabilidad directa de la Administración sanitaria, con independencia de que el servicio se preste a través de un centro privado concertado. El fundamento legal se encuentra en el artículo 123 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que establece la responsabilidad del contratista por los daños causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Según mi experiencia en este tipo de casos de incapacidad permanente, la Administración sanitaria suele intentar derivar la responsabilidad hacia la entidad privada gestora del hospital concertado, lo que puede generar un auténtico «peregrinaje administrativo» para el paciente afectado. Esto es precisamente lo que debemos evitar mediante una estrategia legal adecuada.

El papel de las aseguradoras en la compensación económica

Tanto los hospitales concertados como la propia Administración sanitaria cuentan con pólizas de responsabilidad civil que cubren los daños causados por negligencias médicas. Estas compañías aseguradoras juegan un papel fundamental en el proceso de reclamación y compensación económica.

Es importante tener en cuenta que:

• Las aseguradoras no pagan pensiones, sino indemnizaciones.
• Su objetivo principal es minimizar la cuantía de las indemnizaciones.
• Suelen contar con equipos jurídicos especializados en defensa médica.
• Pueden ofrecer acuerdos extrajudiciales que no siempre reflejan el verdadero alcance del daño causado.

A mi juicio, y como abogado experto en incapacidades que ha trabajado en múltiples casos de mala praxis, enfrentarse a estas compañías sin asesoramiento especializado supone una desventaja significativa para el paciente, que puede ver seriamente mermadas sus posibilidades de obtener una compensación justa.

La compatibilidad entre pensión e indemnización: un derecho frecuentemente cuestionado

Uno de los aspectos más controvertidos en estos casos es la compatibilidad entre la pensión por incapacidad y la indemnización por negligencia médica. Muchos pacientes desconocen que tienen derecho a ambas compensaciones, y algunos profesionales jurídicos no especializados pueden ofrecer información errónea al respecto.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido claramente que ambas compensaciones son compatibles, ya que responden a conceptos jurídicos diferentes:

• La pensión: compensación por la pérdida de capacidad laboral.
• La indemnización: resarcimiento por el daño causado por una actuación negligente.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 12 de marzo de 2019 reafirmó esta compatibilidad, estableciendo que «la indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración y las prestaciones de la Seguridad Social responden a causas diferentes».

Veamos por qué este detalle marca la diferencia: mientras la pensión garantiza unos ingresos periódicos que sustituyen al salario perdido, la indemnización debe cubrir otros aspectos como el daño moral, los gastos médicos no cubiertos por la sanidad pública, las adaptaciones necesarias en el hogar o los tratamientos futuros.

El procedimiento para reclamar: dos vías paralelas pero distintas

Cuando un error médico en un hospital concertado deriva en una incapacidad permanente, es necesario iniciar dos procedimientos diferentes para obtener tanto la pensión como la indemnización:

Procedimiento para obtener la pensión por incapacidad

1. Solicitud de incapacidad: puede iniciarse de oficio por el INSS, a propuesta de la Inspección de Trabajo, a petición de las entidades colaboradoras o a solicitud del interesado.
2. Evaluación médica: realizada por los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI).
3. Resolución del INSS: determina si se reconoce o no la incapacidad y en qué grado.
4. Reclamación previa: en caso de disconformidad con la resolución.
5. Demanda judicial: ante el Juzgado de lo Social, si la reclamación previa es desestimada.

Procedimiento para obtener la indemnización por negligencia

1. Reclamación administrativa previa: dirigida a la Consejería de Sanidad correspondiente.
2. Resolución administrativa: puede reconocer la responsabilidad, negarla o no responder (silencio administrativo).
3. Demanda contencioso-administrativa: si la reclamación es desestimada o no hay respuesta.
4. Procedimiento judicial: incluye práctica de pruebas, informes periciales, etc.
5. Sentencia: determina si existe responsabilidad y fija la cuantía de la indemnización.

Lo que suelo recomendar a mis clientes en estos casos es abordar ambos procedimientos de forma simultánea pero coordinada, asegurando que la documentación médica y las pruebas periciales sean coherentes en ambas vías. Esta estrategia maximiza las posibilidades de éxito y evita contradicciones que puedan perjudicar cualquiera de las reclamaciones.

Factores que determinan la cuantía de la indemnización

Mientras que la pensión por incapacidad se calcula según baremos establecidos por la Seguridad Social, la indemnización por negligencia médica depende de múltiples factores que deben ser adecuadamente valorados y acreditados:

• Gravedad del daño causado y su relación causal con la actuación médica.
• Edad del paciente y expectativa de vida.
• Situación laboral y nivel de ingresos previos al daño.
• Necesidad de ayuda de tercera persona para actividades básicas.
• Gastos médicos futuros no cubiertos por la sanidad pública.
• Daño moral sufrido por el paciente y sus familiares.
• Posibilidad de mejoría o empeoramiento del estado de salud.

Para la valoración económica de estos daños, los tribunales suelen aplicar por analogía el baremo de accidentes de tráfico, aunque con las adaptaciones necesarias para reflejar las particularidades de los casos de negligencia médica.

En mi opinión como abogado especializado en negligencias médicas, la correcta valoración del daño es uno de los aspectos más técnicos y complejos de estos procedimientos, y requiere contar con informes periciales médicos de alta calidad que establezcan claramente la relación causa-efecto entre la actuación médica y el daño producido.

Plazos para reclamar: la importancia de actuar con celeridad

Uno de los aspectos más críticos en estos casos son los plazos de prescripción, que difieren según el tipo de reclamación:

• Para la pensión por incapacidad: el plazo general es de 5 años desde que se produce el hecho causante, según el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Para la indemnización por responsabilidad patrimonial: el plazo es de 1 año desde que se produjo el daño o desde que se manifestaron sus secuelas, según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015.

Aquí viene lo que nadie te cuenta: el cómputo de estos plazos puede ser extremadamente complejo en casos de negligencia médica, especialmente cuando las secuelas evolucionan con el tiempo o cuando se requieren tratamientos prolongados. La jurisprudencia ha establecido que el plazo comienza a contar desde la estabilización de las secuelas, pero determinar ese momento exacto puede ser objeto de controversia.

Por lo que he visto en procedimientos reales relacionados con incapacidades permanentes, esperar demasiado para iniciar las reclamaciones puede suponer la pérdida definitiva del derecho a ser indemnizado, por lo que siempre recomiendo actuar con la mayor celeridad posible, incluso cuando el proceso de recuperación aún no ha finalizado.

Estrategias legales efectivas para maximizar la compensación

Basándome en casos que he defendido por secuelas médicas graves, puedo afirmar que existen determinadas estrategias legales que pueden marcar la diferencia en el resultado final de estas reclamaciones:

Documentación exhaustiva del caso

Es fundamental recopilar y organizar toda la documentación médica relacionada con el caso:

• Historia clínica completa (solicitada formalmente).
• Informes de especialistas que hayan tratado al paciente.
• Pruebas diagnósticas realizadas antes y después del error médico.
• Documentación laboral que acredite la situación previa.
• Informes de seguimiento y rehabilitación.

Informes periciales de calidad

Contar con informes periciales médicos realizados por especialistas en la materia concreta es esencial para acreditar:

• La existencia de mala praxis médica.
• La relación causal entre dicha mala praxis y el daño producido.
• La valoración objetiva de las secuelas y su impacto en la vida del paciente.
• La previsión de necesidades futuras derivadas de dichas secuelas.

Coordinación entre procedimientos

Es crucial asegurar la coherencia entre ambas vías de reclamación (pensión e indemnización), evitando contradicciones que puedan ser utilizadas en contra del paciente. Por ejemplo, si en el procedimiento de incapacidad se acredita una limitación severa para determinadas actividades, esta misma limitación debe ser coherentemente reflejada en la reclamación por responsabilidad patrimonial.

Mi valoración legal, tras años dedicados a este tipo de reclamaciones, es que la especialización jurídica marca una diferencia sustancial en los resultados obtenidos. Las negligencias médicas, y especialmente aquellas que derivan en incapacidades permanentes, requieren un conocimiento profundo tanto del derecho sanitario como del sistema de Seguridad Social.

Casos prácticos: la realidad de las reclamaciones por errores en hospitales concertados

Para ilustrar mejor la complejidad de estos casos, permíteme compartir algunas situaciones reales (con datos modificados para preservar la confidencialidad) que he gestionado en mi despacho:

Caso 1: Error quirúrgico con daño neurológico permanente

Un paciente de 42 años fue intervenido en un hospital concertado por una hernia discal. Durante la operación, se produjo un daño en la médula espinal que derivó en una paraplejia. Tras un largo proceso, se consiguió:

• Reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta por parte del INSS, con una pensión mensual equivalente al 100% de su base reguladora.
• Indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria de 850.000 euros, que incluía daño moral, necesidad de adaptación de vivienda y vehículo, y previsión de gastos médicos futuros.

La clave del éxito fue demostrar, mediante informes periciales especializados, que la técnica quirúrgica empleada no fue la adecuada y que no se informó correctamente al paciente de los riesgos específicos de la intervención.

Caso 2: Retraso diagnóstico con consecuencias irreversibles

Una paciente de 35 años acudió a urgencias de un hospital concertado con síntomas que fueron diagnosticados erróneamente como migraña, cuando en realidad sufría un ictus. El retraso en el diagnóstico correcto provocó secuelas neurológicas permanentes que le impidieron continuar con su trabajo como profesora. Se consiguió:

• Reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual, con una pensión del 55% de su base reguladora.
• Indemnización de 320.000 euros por responsabilidad patrimonial, tras demostrar que el protocolo de actuación ante sospecha de ictus no se activó correctamente.

En este caso, fue determinante el testimonio de otros profesionales sanitarios que atendieron posteriormente a la paciente y que confirmaron que un diagnóstico temprano habría evitado gran parte de las secuelas.

Preguntas frecuentes sobre pensiones e indemnizaciones por errores en hospitales concertados

¿Puedo reclamar una indemnización si ya estoy cobrando una pensión por incapacidad?

Absolutamente sí. La pensión por incapacidad y la indemnización por negligencia médica son perfectamente compatibles, ya que responden a conceptos jurídicos diferentes. La pensión compensa la pérdida de capacidad laboral, mientras que la indemnización resarce el daño causado por una actuación negligente. Ninguna de ellas excluye a la otra, y tienes derecho a reclamar ambas si el origen de tu incapacidad es un error médico.

¿Qué ocurre si el hospital concertado o su aseguradora me ofrece un acuerdo extrajudicial?

Los acuerdos extrajudiciales pueden ser ventajosos por su rapidez, pero también entrañan riesgos significativos. En mi experiencia, las ofertas iniciales suelen ser muy inferiores al valor real del daño causado. Antes de aceptar cualquier acuerdo, es imprescindible contar con una valoración profesional independiente que cuantifique adecuadamente todos los aspectos del daño: físico, moral, lucro cesante, gastos futuros, etc. Recuerda que una vez firmado el acuerdo, generalmente no podrás reclamar cantidades adicionales aunque posteriormente descubras que la compensación era insuficiente.

¿Puede la Administración negarse a pagar alegando que la responsabilidad es del hospital concertado?

Esta es una estrategia defensiva habitual, pero jurídicamente cuestionable. La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha establecido que la Administración sanitaria mantiene una responsabilidad directa por los servicios que presta a través de centros concertados, sin perjuicio de que posteriormente pueda repetir contra estos si procede. Como paciente, tienes derecho a dirigir tu reclamación contra la Administración, lo que además te permite acceder a la vía contencioso-administrativa, generalmente más favorable para este tipo de casos que la vía civil. No obstante, en determinadas circunstancias puede ser estratégicamente conveniente demandar también al centro y a su aseguradora.

Conclusión: la importancia de un enfoque integral y especializado

Los errores médicos en hospitales concertados que derivan en incapacidades permanentes representan uno de los escenarios más complejos del derecho sanitario. La dualidad de procedimientos (pensión e indemnización), la multiplicidad de responsables potenciales (Administración, hospital, profesionales, aseguradoras) y la complejidad técnica de la valoración del daño exigen un enfoque jurídico altamente especializado.

A lo largo de mi trayectoria en este tipo de asuntos, puedo afirmar que la diferencia entre obtener una compensación justa o conformarse con una cantidad insuficiente radica fundamentalmente en tres factores: la calidad de los informes periciales, la estrategia procesal elegida y la experiencia del equipo jurídico en casos similares.

En NegligenciaMedica.Madrid ofrecemos un asesoramiento integral a personas afectadas por errores médicos en hospitales concertados, acompañándolas durante todo el proceso: desde la evaluación inicial del caso hasta la obtención tanto de la pensión por incapacidad como de la indemnización por responsabilidad patrimonial. Nuestro equipo multidisciplinar, formado por abogados especializados en derecho sanitario y peritos médicos de diversas especialidades, garantiza un enfoque técnico y humano adaptado a las necesidades específicas de cada paciente.

Recuerda que, ante un posible caso de negligencia médica con resultado de incapacidad, el tiempo juega en tu contra debido a los plazos de prescripción. No dudes en contactarnos para una valoración inicial sin compromiso de tu situación particular.